El ruido generado en todo el país por la difusión del “Régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas” nos lleva a la pregunta del título.

La propia experiencia indica que el/los autor/es del escrito pertenecen a la industria y no a los grupos técnicos de algún partido político.

Demasiadas precisiones técnicas, demasiada complejidad de cálculo y demasiada amplitud de temática para apuntar para otro lado.

Cuando un proyecto abarca un temario tan amplio como: Exploración y producción de hidrocarburos, extracción de petróleo en pozos de baja productividad, proyecto costa afuera, industrialización, almacenaje, transporte de hidrocarburos y derivados, apoyo a la sustentabilidad energética, apoyo al empleo hidrocarburífero con perspectiva de género, impuestos a los combustibles, régimen de promoción del empleo, el trabajo y del desarrollo de proveedores regionales y otros, es porque los profesionales que actuaron saben de lo que escriben. Y eso se encuentra, principalmente, en las grandes empresas del sector.

Históricamente, un Gerente de Impuestos de YPF (estatal y con mayoría privada) era el principal consultado sobre el tema en toda la industria. El que más “sabía”. Y era cierto.

Otro dato que apunta a esta conclusión es que no están incluidas en el proyecto las estaciones de servicio. Recordemos que, salvo un puñado de estaciones que pertenecen a los refinadores, la gran mayoría son negocios PYME’S extra industria. Ergo, no están en el proyecto.

La determinación de producciones de base para el establecimiento de beneficios es un parámetro fundamental. Y como está redactado el proyecto es imposible que no hayan participado, por lo menos, las dos interesadas de mayor tamaño en el país, YPF y PAE. Sus técnicos y sus abogados.

Un llamado especial para este punto: La complejidad de cálculo de estos beneficios es difícil que no lleven a conflictos entre los concesionarios y el Estado. Muchos son los ejemplos del pasado que han terminado así, aún con sistemas de cálculo de menor complejidad. La sola interpretación de textos nos puede llevar a conflictos, tal como el caso de Aranguren/Tecpetrol.

A esta altura de los acontecimientos la “estabilidad fiscal” debiera incluirse en la Constitución porque abundan los ejemplos de “Leyes de Emergencia” que “matan” a otras leyes.

A algunas compañías del sector no les gusta (¿Vista Oil?)

Protestan las provincias petroleras por la no inclusión en el proyecto de la transformación en situ y porque en el Consejo de inversiones hidrocarburíferas no figuran

Se quejan los medioambientalistas por la explotación off-shore.

Mucho ruido: ¿Pocas nueces?